En las aulas polvorientas de la London School of Economics, a finales de los años 70, el economista Charles Goodhart observaba con ironía cómo los gobiernos intentaban controlar la economía mediante indicadores. Una y otra vez, los mismos números que servían para medir la realidad comenzaban a deformarse en cuanto se convertían en objetivo oficial. De esa observación surgió la Ley de Goodhart, que más tarde el antropólogo Donald Campbell reforzaría con su propia formulación: cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida.
La ley es cruelmente sencilla. Un indicador, ya sea toneladas de producción, porcentaje de graduados, tasa de empleo o nivel de emisiones, funciona razonablemente bien mientras permanece como señal de algo más profundo. Pero en el momento en que los incentivos se alinean para maximizar ese número, los seres humanos, astutos y adaptativos, comienzan a jugar con él. Ya no persiguen el bienestar, la calidad o la verdad; persiguen el indicador. La medida se corrompe y, con ella, la realidad que pretendía reflejar.
La historia soviética ofrece el ejemplo más grotesco y pedagógico. En los años 30, un planificador central ordenó a las fábricas de clavos cumplir una cuota anual en «número de clavos producidos». Las fábricas, ansiosas por cumplir y recibir premios, fabricaron millones de clavos diminutos, casi inútiles, que cabían por millares en una caja. El planificador, enfurecido, cambió la meta al «peso total de clavos». Al año siguiente, las fábricas produjeron unos pocos clavos gigantescos, pesados como lingotes, igualmente inútiles. En ambos casos, el indicador brillaba en los informes, pero la economía real carecía de clavos que sirvieran para clavar.
Décadas después, la izquierda post-1968 y sus herederos institucionales abrazaron con entusiasmo la lógica de los objetivos centrales. Convencidos de que la sociedad podía dirigirse como una gran fábrica, multiplicaron las metas numéricas: coeficiente de Gini para medir igualdad, porcentaje de «minorías» en plantillas y aulas, toneladas de CO₂ evitadas, número de leyes aprobadas contra tal o cual discriminación. Cada uno de estos indicadores se transformó rápidamente en objetivo sagrado.
En las universidades y empresas occidentales, la meta de «diversidad» medida por cuotas de género, raza o identidad sexual desplazó al mérito y a la competencia real. Los departamentos de recursos humanos y las oficinas de admisión aprendieron a optimizar el indicador: contrataban o admitían según proporciones visibles, aunque ello supusiera bajar estándares, inflar calificaciones o ignorar diferencias reales de preparación. El porcentaje subía, las fotografías institucionales lucían multicolores, pero la calidad educativa y la cohesión interna se degradaban. Los mejores estudiantes y profesionales comenzaban a emigrar hacia entornos menos «optimizados». El indicador triunfaba; la excelencia se marchitaba.
En el terreno energético, la obsesión por las «emisiones cero netas» convirtió las toneladas de CO₂ evitadas en el nuevo clavo soviético. Gobiernos y empresas persiguieron el número con subsidios masivos a energías intermitentes, cierres precipitados de centrales nucleares y de carbón, y prohibiciones regulatorias. El indicador mejoraba en los informes internacionales, pero la realidad entregaba precios disparatados de la electricidad, dependencia de países autoritarios para minerales y baterías, y episodios crecientes de apagones o racionamiento en países que apostaron todo al objetivo. La medida brillaba y la fiabilidad del sistema colapsaba.
El socialismo planificado clásico y sus versiones suavizadas contemporáneas comparten esta patología: quien fija el objetivo desde arriba nunca posee la información local ni los incentivos correctos que sí tienen los actores de carne y hueso. Estos últimos, racionales, responden al incentivo que se les da, no al deseo abstracto del planificador. El resultado es siempre el mismo: distorsión masiva, «producción» fantasma y un abismo cada vez mayor entre las estadísticas oficiales y la vida cotidiana.
La Ley de Goodhart sigue vigente, implacable. Cada nueva campaña que convierte un número en cruzada, sea equidad de género medida por consejeras, inclusión racial por becas o descarbonización por subsidios, repite el viejo error soviético con ropa nueva y lenguaje moralizante. Mientras tanto, la sociedad real, como aquellas fábricas de clavos, aprende a fabricar lo que se le premia, aunque ya nadie pueda usarlo.
Que te diviertas!
La ley es cruelmente sencilla. Un indicador, ya sea toneladas de producción, porcentaje de graduados, tasa de empleo o nivel de emisiones, funciona razonablemente bien mientras permanece como señal de algo más profundo. Pero en el momento en que los incentivos se alinean para maximizar ese número, los seres humanos, astutos y adaptativos, comienzan a jugar con él. Ya no persiguen el bienestar, la calidad o la verdad; persiguen el indicador. La medida se corrompe y, con ella, la realidad que pretendía reflejar.
La historia soviética ofrece el ejemplo más grotesco y pedagógico. En los años 30, un planificador central ordenó a las fábricas de clavos cumplir una cuota anual en «número de clavos producidos». Las fábricas, ansiosas por cumplir y recibir premios, fabricaron millones de clavos diminutos, casi inútiles, que cabían por millares en una caja. El planificador, enfurecido, cambió la meta al «peso total de clavos». Al año siguiente, las fábricas produjeron unos pocos clavos gigantescos, pesados como lingotes, igualmente inútiles. En ambos casos, el indicador brillaba en los informes, pero la economía real carecía de clavos que sirvieran para clavar.
Décadas después, la izquierda post-1968 y sus herederos institucionales abrazaron con entusiasmo la lógica de los objetivos centrales. Convencidos de que la sociedad podía dirigirse como una gran fábrica, multiplicaron las metas numéricas: coeficiente de Gini para medir igualdad, porcentaje de «minorías» en plantillas y aulas, toneladas de CO₂ evitadas, número de leyes aprobadas contra tal o cual discriminación. Cada uno de estos indicadores se transformó rápidamente en objetivo sagrado.
En las universidades y empresas occidentales, la meta de «diversidad» medida por cuotas de género, raza o identidad sexual desplazó al mérito y a la competencia real. Los departamentos de recursos humanos y las oficinas de admisión aprendieron a optimizar el indicador: contrataban o admitían según proporciones visibles, aunque ello supusiera bajar estándares, inflar calificaciones o ignorar diferencias reales de preparación. El porcentaje subía, las fotografías institucionales lucían multicolores, pero la calidad educativa y la cohesión interna se degradaban. Los mejores estudiantes y profesionales comenzaban a emigrar hacia entornos menos «optimizados». El indicador triunfaba; la excelencia se marchitaba.
En el terreno energético, la obsesión por las «emisiones cero netas» convirtió las toneladas de CO₂ evitadas en el nuevo clavo soviético. Gobiernos y empresas persiguieron el número con subsidios masivos a energías intermitentes, cierres precipitados de centrales nucleares y de carbón, y prohibiciones regulatorias. El indicador mejoraba en los informes internacionales, pero la realidad entregaba precios disparatados de la electricidad, dependencia de países autoritarios para minerales y baterías, y episodios crecientes de apagones o racionamiento en países que apostaron todo al objetivo. La medida brillaba y la fiabilidad del sistema colapsaba.
El socialismo planificado clásico y sus versiones suavizadas contemporáneas comparten esta patología: quien fija el objetivo desde arriba nunca posee la información local ni los incentivos correctos que sí tienen los actores de carne y hueso. Estos últimos, racionales, responden al incentivo que se les da, no al deseo abstracto del planificador. El resultado es siempre el mismo: distorsión masiva, «producción» fantasma y un abismo cada vez mayor entre las estadísticas oficiales y la vida cotidiana.
La Ley de Goodhart sigue vigente, implacable. Cada nueva campaña que convierte un número en cruzada, sea equidad de género medida por consejeras, inclusión racial por becas o descarbonización por subsidios, repite el viejo error soviético con ropa nueva y lenguaje moralizante. Mientras tanto, la sociedad real, como aquellas fábricas de clavos, aprende a fabricar lo que se le premia, aunque ya nadie pueda usarlo.
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